LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Y LEGISLACION COMPLEMENTARIA

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19,13 €
18,17 €
IVA incluido
Disponible en 10 días
Editorial:
TECNOS EDITORIAL, S.A.
Año de edición:
Materia
Leyes de jurisdicción especial
ISBN:
978-84-309-5028-7
Páginas:
848
Encuadernación:
RUSTICA
Colección:
VARIAS
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Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto actualizado, tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, así como los nuevos depósitos para recurrir impuestos a la Acusación Popular por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior que reforma la LOPJ. La norma se presenta cumplidamente anotada y concordada, introduciendo en nota los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La obra contiene, además, una tabla de la normativa que ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como las últimas disposiciones que introducen modificaciones, y aquellas normas más importantes que complementan el texto de la Ley procesal penal, entre las que destacan: ò Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto; Ley de competencia para conocer de las causas contra Senadores y Diputados; Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus. ò Ley de extradición pasiva; Ley de protección a testigos y peritos en causas criminales; Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. ò Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. ò Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana; Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto de Policía Judicial; Ley Orgánica y Reglamento de utilización de videocámaras en lugares públicos. ò Ley Orgánica reguladora del control previo del Centro Nacional de Inteligencia. ò Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. ò Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual ò Ley sobre la orden europea de detención y entrega; Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; y la Ley para la ejecución en la UE de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.

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